El Ejecutivo ofreció una suba salarial inferior a la prevista por la ley y pidió que se retire la demanda judicial. Rectores y gremios mantienen la presión por el cumplimiento integral de la norma.
A 230 días de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, el conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas continúa sin resolución. Mientras el Ejecutivo intenta abrir una instancia de negociación con los rectores, las autoridades universitarias y los gremios docentes rechazan cualquier acuerdo que implique desistir de la acción judicial presentada para exigir el cumplimiento de la norma.
La disputa gira en torno a la Ley 27.795, sancionada por el Congreso y respaldada posteriormente por la Justicia, que obliga al Estado a actualizar las partidas presupuestarias destinadas a las universidades nacionales, recomponer los salarios docentes y nodocentes y fortalecer las becas estudiantiles.
La propuesta del Gobierno genera rechazo
En las últimas horas, representantes del Gobierno nacional mantuvieron contactos con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para explorar una salida al conflicto. Sin embargo, la propuesta presentada generó fuertes cuestionamientos.
Según trascendió desde autoridades universitarias, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ofreció un incremento salarial del 21% en junio y otro 3% en octubre para docentes universitarios, una cifra que representa apenas una parte de la pérdida salarial acumulada desde diciembre de 2023.
El planteo habría estado condicionado a que las universidades retiraran la cautelar judicial presentada hace seis meses para exigir el cumplimiento integral de la ley.
La propuesta fue interpretada por distintos sectores académicos y gremiales como un intento de desactivar la presión judicial sin garantizar el financiamiento establecido por la legislación vigente.
El CIN ratifica la demanda judicial
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional fueron categóricos respecto de la continuidad de la estrategia judicial.
“Sostenemos el mantenimiento de la acción judicial. No vamos a retirar la denuncia”, señalaron fuentes del organismo.
Las autoridades universitarias también remarcaron que las conversaciones mantenidas hasta el momento carecen de formalidad institucional y advirtieron sobre la necesidad de avanzar mediante mecanismos oficiales.
En paralelo, desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) recordaron que el Gobierno no convoca a negociaciones paritarias regulares y sostuvieron que cualquier discusión salarial debe realizarse dentro de los canales previstos por la legislación laboral.
Los gremios denuncian un incumplimiento de la ley
La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) cuestionó con dureza el ofrecimiento oficial y alertó sobre los riesgos de aceptar una recomposición salarial parcial.
Desde la entidad sostienen que la Ley de Financiamiento Universitario establece mecanismos que permitirían una recuperación salarial significativamente mayor a la ofrecida por el Ejecutivo.
Según el gremio, si la norma se aplicara plenamente, los trabajadores universitarios deberían percibir una recomposición cercana al 52%, además del reconocimiento retroactivo correspondiente desde la sanción de la ley.
Para AGD, la condición de retirar la cautelar judicial evidencia que el objetivo principal del Gobierno sería evitar una resolución judicial que lo obligue a cumplir la normativa vigente.
La Corte Suprema sigue sin resolver el conflicto
Mientras continúan las negociaciones informales, la Corte Suprema aún no emitió una definición sobre la causa iniciada por las universidades.
La demora judicial mantiene abierto un escenario de incertidumbre institucional que afecta tanto a las autoridades académicas como a los trabajadores y estudiantes del sistema universitario público.
Desde el CIN ya habían advertido que, de persistir el incumplimiento de la ley, podrían impulsarse nuevas presentaciones judiciales e incluso denuncias penales contra funcionarios responsables por presunta desobediencia.
El impacto del ajuste en las universidades públicas
Las universidades nacionales vienen denunciando un deterioro sostenido de sus recursos presupuestarios.
Según datos difundidos por el sistema universitario, durante la gestión de Javier Milei las transferencias destinadas a las universidades registraron una caída real del 45,6%, afectando áreas estratégicas como infraestructura, investigación, extensión y funcionamiento cotidiano.
Las consecuencias señaladas por las autoridades incluyen la paralización de obras, dificultades para renovar equipamiento, pérdida de docentes e investigadores, reducción de proyectos científicos y un deterioro progresivo de la calidad educativa.
En ese contexto, el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario se ha convertido en uno de los principales frentes de disputa entre el Gobierno nacional y la comunidad académica, que insiste en que el cumplimiento de la norma es indispensable para garantizar la continuidad y el desarrollo de la educación superior pública en Argentina.
